Por Marcelo Schilling, Diputado

torre

 

Tan intenso como ausente ha sido el “diálogo” en la Provincia de Marga Marga sobre el anunciado proyecto de torres de alta tensión que atravesará las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, entre otras, en la región de Valparaíso. La expresión “diálogo intenso y ausente” parece un simple juego de palabras, pero no lo es.

 

El proyecto arranca en el gobierno pasado. Los derechos de explotación y ejecución de las obras del “Plan de Expansión Chile LT 2×500 kV Cardones-Polpaico en el sistema de transmisión interconectado central” fueron licitados internacionalmente el año 2012 por el Ministerio de Energía. A inicios del 2013 apareció en el diario oficial adjudicado a la empresa de Interconexión Eléctrica S.A de Colombia, que se constituyó como InterChile S.A.

 

El 17 de febrero del 2014, a solicitud de InterChile, CONAF, en uno de sus últimos actos administrativos en el gobierno anterior, declaró de interés nacional el proyecto. A finales de ese mismo mes, la empresa lo ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

 

La red de transmisión abarcará una extensión de 753 kilómetros con torres de alta tensión entre 45 y 70 metros de altura y una separación que oscila entre 65 a 450 metros. La inversión contemplada será de US 1.000.000.000. Hasta ahora, el inicio de las obras se estima para julio del 2015.

 

Hasta ahí los hechos han sido claros e informados. No me cabe la menor duda que hay razones para impulsar el proyecto en un área tan necesaria para el país como lo es la energía.

 

Sin embargo, desde marzo a la fecha el patrón ha sido la ausencia de diálogo entre empresa, gobiernos y comunidades, amén de una intensa agenda de actividades y opiniones de las partes legítimamente interesadas en el proyecto.

 

Léase, se ha tratado de un proceso “participativo” ajeno a la conversación, acto tan humano que se encuentra en el corazón de la democracia. Y más ajeno aún a la participación ciudadana y el diálogo social tripartito que hoy se propone como necesario e ineludible en el país democrático y en el SEA para proyectos de este carácter.

 

Los vecinos y sus alcaldes han dicho una y otra vez que no fueron consultados acerca del “Plan de Expansión Chile LT 2×500 kV” (con tal nombre, y excúsenme la ironía, al parecer se quería invitar con “claridad” a una participación ciudadana que de entrada sintiera el peso “técnico” del proyecto).

 

La empresa ha brillado por su ausencia. Tan así es la percepción que Cecilio Vera, agricultor de Limache, en un medio dijo abiertamente que “aquí hay un señor que se pasea con un maletín, los hechos están consumados y queremos decir que no”. El único gesto público de la empresa se ha limitado a contratar una consultora externa ocupada en una información unilateral a algunos actores relacionados.

 

Si bien el SEA, acorde a los procedimientos de la institucionalidad ambiental, hasta abril del 2014 recibió los informes de servicios públicos con competencia ambiental, municipios incluidos, el proceso fue deficitario debido a la ausencia de comunicación (cambio de gobierno mediante).

 

Entre los municipios, sólo el Alcalde Limache alcanzó a plantear formalmente sus comentarios. La Seremi de Medio Ambiente formuló observaciones cartográficas (una escala adecuada para evaluar la distancia entre el trazado de la línea y las viviendas del sector rural), junto a otras en torno al resguardo de los cuerpos de aguas y el área de vuelo de los cóndores. Observaciones importantes, sin duda, aunque por su carácter dan cuenta de la ausencia de comunicación. 


Mientras que la relevante etapa de participación ciudadana en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), culminó el 10 de julio recién pasado con más de mil observaciones.

 

Antes se habían constituido varios grupos de vecinos orientados a oponerse al proyecto sobre la base de una diversidad de opiniones. Por ejemplo, que sería “para entregar suministro a proyectos mineros en forma paralela al servicio que entrega Transelec, luego no habría razón lógica para fijar una nueva vía que intervenga tantas comunas y luego viaje por la costa”. Que afectaría “a recintos como el embalse Los Aromos y el Parque La Victoria”. Que la única explicación para entender la pertinencia de las torres son “los proyectos de cinco nuevas plantas termoeléctricas, entre ellas de ENAP en Concón y de Codelco en Puchuncaví”.

 

Todas opiniones legítimas, aunque difíciles de contrastar precisamente debido al lamentable silencio de la empresa. La explicación técnica en uso –reiterada en informes- es que el proyecto busca facilitar la interconexión de los dos sistemas de transmisión eléctrica que operan en Chile: el Sistema Interconectado Central (SIC), que cubre de Taltal a Chiloé, y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que se extiende desde Antofagasta a Arica.

 

Ante la ausencia de espacios para dialogar con la empresa sobre estas u otras materias, el llamado de los actores críticos ha sido a constituir un frente amplio ciudadano y de autoridades locales para judicializar y rechazar el proyecto o, en el mejor de los casos, oponerse y levantar una propuesta con una ruta alternativa a las torres de alta tensión.

 

En mi rol de diputado en representación de la provincia de Marga Marga observó con preocupación el silencio de la empresa, la consecuente ausencia de diálogo y de participación ciudadana pro-activa e informada. Tal diagnóstico es compartido por una diversidad de actores. Más aún cuando uno de los principales focos de la presidenta Michelle Bachelet ha sido incentivar la participación ciudadana y la comunicación y conversación para procesar las legítimas e inevitables diferencias entre distintos actores sociales.

 

En ese marco, el Ministro de Energía del actual gobierno, Máximo Pacheco, apenas asumió, y en un gesto inédito, constituyó un departamento para incentivar la participación ciudadana temprana en los proyectos energéticos.

 

Por lo anterior, tengo la convicción que aún hay tiempo –ya tenemos un gobierno instalado luego de las tareas prioritarias en los primeros cien días- para iniciar un diálogo social tripartito respetuoso entre gobierno (el rol del Ministerio y la Seremi de Energía en esto es clave), la empresa (que debe comunicar con rigor técnico y transparencia) y la comunidad de Marga-Marga, que incluye a sus autoridades y organizaciones ciudadanas y ambientales.

 

Una conversación democrática que permita conocer a cabalidad el proyecto, procesar las diferencias y los consensos, y actuar en consecuencia.