El 6 de abril, Fernanda Sandoval (25) sufrió una serie vulneraciones al acogerse a la causal de inviabilidad del feto, en el marco del protocolo de aborto en tres causales y según consignó la auditoria del Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota.

“El caso de Fernanda deja entrever la inadecuada capacitación en protocolos y procedimientos que deben seguir los profesionales de los hospitales cuando deben derivar a las personas a otro establecimiento”, comentó el diputado socialista, Marcelo Schilling.

Pero a juicio del representante del Distrito 6 cordillera, al cual pertenece la comuna de Quilpué, lo de mayor gravedad es que “parece concurrir un elemento de mala fe en los profesionales que ejercieron el derecho a la objeción de consciencia”.

Agregó que es la ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, promulgada a fines de septiembre de 2017, “la que no se ha hecho cargo adecuadamente de qué ocurre cuando un objetor actúa de mala fe; no recurriendo al procedimiento de derivación que está estipulado. Eso no está tipificado como falta, error o cómo es la sanción para evitar su ocurrencia”. Esto, en definitiva, a causa “de lo reciente de la ley, que hace notar, recién ahora, sus insuficiencias”, finalizó.