Como una mala noticia calificó el diputado socialista Marcelo Schilling la decisión de la Dirección de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, de postergar el proceso de licitación del embalse Pocuro en Catemu, programado para este año, cuya inversión de más de $460 mil millones vendría a resolver los problemas de disponibilidad de agua, que sufren más de 3500 agricultores de la tercera sección del río Aconcagua.

“Lo del embalse Catemu es de frentón una mala noticia, este gobierno no cede ante los trabajadores respecto al salario mínimo, pero si cede ante la presión de los empresarios. ¿Quiénes son los que se oponen al embalse Catemu?, la primera y segunda sección, no los dueños de las 26 mil hectáreas que se verán beneficiadas en Llay Llay, Hijuelas, La Calera, Nogales, Quillota, Catemu, La Cruz y Limache que pertenecen a 3500 familias y que no son grandes agricultores”, señaló el parlamentario.

La medida según informó el Mop, se debe a que sería este propio organismo el que tramitaría las resoluciones ambientales, de tal modo que la licitación ocurra una vez que estos cuente con la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental, lo que podría demorar hasta 2022.

Para el legislador, esta suspensión del proceso de licitación responde a la reconocida oposición que grandes empresarios agrícolas, aguas arriba, han manifestado contra el proyecto, asegurando que la motivación sería “empobrecer las tierras, aguas abajo, para después comprarlas a precio vil y ahí entregar el agua”

Finalmente respecto al decreto de escasez hídrica, que emitió el MOP para las provincias de Los Andes, San Felipe, Quillota y Marga Marga en la Región de Valparaíso, Schilling valoró la determinación, pero advirtió que “a diferencia de la vez anterior la administración (del agua) no puede quedar en manos de los accionistas de la primera y segunda sección, porque es como poner la carnicería al cuidado del gato, tiene que ser la autoridad pública la que determine e intervenga el río y defina las horas de riego. Es una buena noticia pero se tiene que establecer claramente que será administrado por funcionarios públicos y no por interés particulares”, sentenció.